Más de 20 países espiados por un hackeo a WhatsApp

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WhatsApp demandó a la empresa israelí de ciberseguridad NSO Group acusándola de haber usado su tecnología de espionaje en el servicio de mensajería en una amplia campaña para vigilar los chats de periodistas, académicos, abogados y activistas de derechos humanos en 20 países.

En la demanda, presentada el último martes en un juzgado federal de California (EEUU), el servicio de mensajería señaló que un programa de NSO Group aprovechó WhatsApp para espiar a más de 1.400 personas, entre ellas 100 periodistas, líderes feministas, disidentes políticos y varias personas que habían sido blanco de intentos de asesinato infructuosos.

La presentación judicial no detalla quién se benefició del uso de este programa, pero según los códigos de área de algunos de los teléfonos afectados, los blancos incluían personas en México, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, precisó el diario The New York Times.

NSO Group, conocida por desarrollar y vender a gobiernos el poderoso software de espionaje Pegasus, cuestionó la demanda y argumentó que su tecnología es usada por agencias de inteligencia para combatir el terrorismo y el crimen, y que “ha ayudado a salvar miles de vidas en los últimos años”.

Entre las víctimas conocidas de este programa en episodios previos figuran el asesinado periodista disidente saudita Jamal Khashoggi y Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, además de decenas de periodistas, diputados y dirigentes mexicanos opositores al gobierno del ex presidente Peña Nieto.

Las herramientas que comercializa la empresa israelí sirven para rastrear la ubicación, las comunicaciones, los contactos y las actividades web de las personas, y se han encontrado en los teléfonos de activistas asesinados en distintos países.

La compañía, según The New York Times, asegura que no vende su software a gobiernos con mala reputación en el respeto de los derechos humanos, pero no proporciona información sobre cómo se utilizan sus herramientas una vez que están en manos de los gobiernos.

La investigación que llevó a la presentación judicial comenzó en mayo, después de que el centro de investigación canadiense Citizen Lab denunciara que NSO Group había hackeado el teléfono de un abogado de Amnistía Internacional gracias a que pudo explotar un agujero en el sistema de WhatsApp.

Esta vulnerabilidad permitía al atacante instalar el programa espía de NSO Group con solo realizar una llamada al Whatsapp de la víctima, sin necesidad de que ésta atendiera. Además de darle al atacante acceso a los mensajes, este software permitiría activar la cámara y el micrófono del teléfono (para grabar audio y video) y realizar otras “actividades maliciosas”.

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